Subvencion contrato indefinido comunidad de madrid

Contrato de trabajo

El pasado año 2017, la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar el empleo,anunció una prórroga del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida de Empresas,dentro de la estrategia “Madrid por el Empleo”. Una prórroga que también incluía importantes mejoras a tener en cuenta.

La primera de ellas sería que las subvenciones no sólo se aplicarían a los trabajadores desempleados inscritos como demandantes de empleo, sino también a la conversión de contratos de formación y/o temporales en indefinidos.

La segunda fue el aumento de las cuantías destinadas a estas subvenciones con respecto a años anteriores, pasando a ser de entre 2.500 y 4.000 euros, dependiendo del tipo de contratación o de la conversión del contrato en indefinido.

Las empresas domiciliadas en la Comunidad de Madrid serán las que se beneficien de esta medida de fomento del empleo, independientemente de su actividad, pudiendo subvencionar hasta un máximo de diez contratos indefinidos en cada año.

Las empresas tendrán un plazo máximo para beneficiarse del programa de incentivos a la contratación, hasta un mes desde la fecha de alta del trabajador contratado o la conversión del contrato temporal en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

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Los Presupuestos Generales del Estado basan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General de Presupuestos y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

El Tribunal Constitucional ha aclarado el posible contenido de la ley anual de Presupuestos Generales del Estado y ha venido a decir que existe un contenido necesario que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que el Estado y las entidades pueden realizar a los vinculados o dependientes en el ejercicio en cuestión. A este contenido necesario se puede añadir un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones que tengan relación directa con la previsión de ingresos, la calificación de los gastos o los criterios de política económica general, que sean necesarios para una más fácil interpretación y una más eficaz ejecución de los presupuestos generales del Estado y de la política económica del Gobierno.

Además, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no es determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por tanto, si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que puedan formar parte accidentalmente de la Ley de carácter plurianual o indefinido.

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DOS SOLICITUDES de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE presentadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid y el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, mediante resoluciones de 30 de enero y 8 de junio de 2018, recibidas en el Tribunal de Justicia, respectivamente, el 13 de febrero y el 28 de junio de 2018, en los procedimientos

Dichas peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación del artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43), y de la cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, “Acuerdo marco”), que figura como anexo de dicha Directiva.

Del considerando 17 de la Directiva 1999/70 se desprende que, “por lo que respecta a los términos utilizados en el acuerdo marco pero que no se definen específicamente en él, la presente Directiva permite a los Estados miembros definir dichos términos de conformidad con el Derecho o la práctica nacional, como ocurre con otras Directivas en materia social que utilizan términos similares, siempre que las definiciones en cuestión respeten el contenido del acuerdo marco”.

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Los contratos indefinidos pueden ser en algunos casos beneficiarios de incentivos a la contratación, cuando reúnan los requisitos que en cada caso exija la normativa de aplicación, en función de las características de la empresa, del trabajador y, en su caso, de la jornada.

Al no constar la formalización por escrito cuando se devenga, el contrato se presume celebrado de forma indefinida y a tiempo completo, salvo prueba en contrario que acredite su carácter temporal o a tiempo parcial de los servicios, según lo establecido en el artículo 8. 2 del estatuto de los trabajadores. En todo caso, cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral.

Cuando se formalice el contrato con un trabajador con discapacidad se formalizará el contrato por escrito en cuadruplicado ejemplar, en modelo formal. Al contrato se acompañará solicitud de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, así como el certificado de discapacidad.

Cuando se trate de trabajos fijos discontinuos necesariamente deberá formalizarse por escrito en el modelo que se establezca, y deberá contener la indicación de la duración estimada de la actividad, así como en la forma y el orden de llamamiento para establecer un convenio colectivo aplicable, haciendo constar igualmente así la orientación, la jornada estimada y su distribución horaria.