Subvenciones a los sindicatos en españa
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Un recorrido por los entresijos de la ley estadounidense (1990)
El texto de la nueva medida normativa dice que una empresa española podrá optar a una subvención especial de 4.500 euros (por persona) si el trabajador desempleado contratado es mujer, mayor de 45 años, discapacitado o pertenece a cualquier otro colectivo vulnerable, según determine el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), informa Cinco Días.
Las nuevas subvenciones podrán llegar hasta los 7.000 euros (o 7.500 euros si son mujeres mayores de 45 años con discapacidad) cuando los contratos de trabajo se celebren con personas mayores de 45 años que sean parados de larga duración y estén “en riesgo” de exclusión social, entre otros casos especiales.
La nueva normativa se dirige a tres colectivos: los desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo; los ocupados que también estén inscritos como demandantes de empleo para mejorar o mantener su posición; y los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
La ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz (Izquierda Unida Podemos), ya ha iniciado las negociaciones con todos los interlocutores sociales (principalmente sindicatos y empresas españolas) con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el borrador de la propuesta antes de que acabe el año.
Errores y fallos en el Leviatán de EU4
La Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (Ley 13/1982), ampliada por la Ley de No Discriminación de 2003 (Ley 51/2003), y la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2007 (Ley 49/2007) son las principales normas sobre medidas de apoyo a los empresarios en España.
Los empresarios que contratan a un trabajador discapacitado mediante un contrato de trabajo indefinido tienen derecho a una subvención de hasta 901 euros para adaptar los locales, a una deducción de 6.000 euros en el Impuesto de Sociedades y a una subvención salarial de hasta 3.907 euros por empleado. Los empresarios también se benefician de una bonificación en la cotización a la Seguridad Social. La cuantía de la bonificación se fija en función del perfil del empleado, oscilando entre 4.500 euros anuales para un empleado con una discapacidad inferior al 65%, hasta 5.100 euros para un empleado con una discapacidad igual o superior al 65% y para una empleada con cualquier discapacidad y hasta 5.700 euros si el trabajador es mayor de 45 años. Estos regímenes exigen que el empresario mantenga al trabajador durante al menos 3 años.
La crisis económica española a través de la cobertura de Al Jazeera
La industria del carbón en España está en declive desde finales de los años 90, impulsada por factores económicos externos, la política interna y los mandatos de la Unión Europea. El empleo en las minas de carbón se ha reducido de 45.000 en 1990 a unos 1.700 en la actualidad. Sin embargo, con la minería muy concentrada en unas pocas ciudades y regiones, la transición ha provocado dificultades económicas. La Estrategia de Transición Justa 2019 de España, que forma parte de un esfuerzo más amplio de descarbonización, esboza un proceso estructurado y participativo para proteger a los mineros del carbón (y a los trabajadores de las centrales eléctricas) y planificar el futuro económico de las regiones carboneras. Dado que la mayoría de los puestos de trabajo en el sector del carbón ya han desaparecido, la iniciativa aborda sobre todo las consecuencias de los cierres de minas anteriores, y no está claro cómo se financiarán algunos proyectos.
La producción y el empleo en la industria del carbón en España han disminuido en los últimos 30 años, impulsados por múltiples factores, como el compromiso de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050, el apoyo público a la acción climática, el exceso de capacidad de la red eléctrica y la mejora económica de las energías renovables. Muchas de las minas de carbón españolas han sido durante mucho tiempo poco competitivas y han dependido de las subvenciones financiadas por los contribuyentes, que costaron 22.000 millones de euros (29.200 millones de dólares) entre 1992 y 2014.
Canal de televisión Arabs Today
El 15 de diciembre de 2014, el Gobierno español y los interlocutores sociales firmaron el Programa de Activación para el Empleo (PAE), con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los desempleados con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Este plan estaba dirigido a promover la inserción laboral de parados de larga duración con personas a cargo, que ya habían agotado otras ayudas y subsidios públicos, ofreciéndoles 426 euros mensuales, así como apoyo y orientación. El Plan fue regulado por el Real Decreto-ley 16/2014.
Inicialmente, se preveía que este plan ayudara a unas 450.000 personas, que recibirían 426 euros al mes durante un periodo de seis meses. El programa se puso en marcha el 15 de enero de 2015 y estuvo vigente hasta el 15 de abril de 2016. Fue uno de los acuerdos sociales más importantes firmados por el Gobierno español durante la legislatura 2011-2015 del Partido Popular.
A principios de abril de 2016, representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de las organizaciones empresariales CEPYME (Confederación Española de Pymes) y CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) mantuvieron una reunión con el Secretario de Estado de Empleo (Juan Pablo Riesgo) para evaluar los resultados del Plan de Activación para el Empleo. En esta reunión, los sindicatos trataron de convencer al Gobierno de que prolongara este plan en el tiempo y que redujera los requisitos que se piden a los parados para recibir este subsidio. Como los sindicatos no recibieron ninguna respuesta positiva al respecto, temieron que el Gobierno no prorrogara más el Plan.